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La Asamblea aprobó el nuevo proyecto con 62 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones.

La Asamblea aprobó el nuevo proyecto con 62 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones. | Foto: @ECastroES

Publicado 21 diciembre 2022



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Las nuevas pensiones tendrán un mínimo de 400 dólares y un máximo de 3.000, con lo que se eliminan las pensiones VIP.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones después de varias jornadas de consultas y debates, con un 30 por ciento de aumento en los ingresos de los beneficiarios.  

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De acuerdo con fuentes oficiales, la reforma fue aprobada en sesión plenaria con 67 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, tras los argumentos presentados por las diferentes bancadas políticas.

Varios diputados explicaron que la nueva ley fija un mínimo de 400 dólares y un máximo 3.000, con lo cual se eliminan las pensiones llamadas “VIP” diseñadas para exfuncionarios, que pasaban de los 6.000 dólares.  

Diputados de la bancada en el Gobierno dijeron que los salvadoreños estaban viviendo un momento histórico, pues por vez primera en 26 años de privatización en ese sector, se verá un incremento sustancial en las pensiones de los trabajadores, relativa al 30 por ciento.

Por su parte, los representantes opositores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se abstuvieron ante la iniciativa por catalogarla de “no viable” y un riesgo para los trabajadores.

La diputada del FMLN, Marleni Funes, declaró que la posición de su bloque legislativo se debe a que las administradoras de pensiones seguirán siendo privadas y la forma de cálculo para determinar la pensión se mantiene igual que en la ley anterior.

“Estas reformas no son más que para fortalecer el sistema. Si bien hay un aumento del 30 por ciento de la pensión, pasando de 304 a 400 dólares, recordemos que por decreto legislativo en el 2019 también hubo un aumento de pensión de 207 a 304 dólares”, señaló Funes.

El nuevo decreto crea además el Instituto Salvadoreño de Pensiones para garantizar la rectoría y sostenibilidad del sistema, con participación del sector gubernamental, empleadores y trabajadores, según quedó establecido.


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