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El vocero presidencial Jorge Richter precisó que sectores opositores pretenden desestabilizar al país con el paro.
El Gobierno de Bolivia denunció este lunes la intención de desestabilización del país por parte de los grupos opositores, quienes están convocando a un paro nacional el próximo 8 de noviembre.
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“Estas amenazas con desestabilizar el país o con generarle daño económico a Bolivia serán sin lugar a dudas evaluadas por el pueblo boliviano en el momento oportuno cuando tengan que tener una expresión sobre la conducta que asumen los sectores de oposición al Gobierno”, indicó el vocero presidencial de Bolivia, Jorge Richter.
Richter agregó que el Gobierno apuesta por el diálogo y que las medidas que ejercen presión interfieren en “la reactivación económica, la reconstrucción de los espacios productivos del país, por lo que estas movilizaciones o paros no son otra cosa que políticos”, dijo.
El racismo, la división, el odio, el individualismo y la guerra, serán sustituidos por la hermandad, la unidad, la armonía, y la paz.
— David Choquehuanca (@LaramaDavid) October 13, 2021
Nuestra Wiphala nos convoca a defender la vida.
Ama sua, Ama llulla, Ama qhilla, Ama llunk’u. pic.twitter.com/OA2rA2rTlE
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que los sectores que promueven el paro son los que tienen su vida económicamente resuelta y esa no es la realidad, “de la mayoría de la población boliviana, esa no es la realidad económica de la mayoría de las familias bolivianas que viven de lo que ganan al día, que en función al trabajo que tienen al día llevan el pan a las mesas de sus familias”, acotó.
El Gobierno comunicó la retirada de la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas a mediados de octubre. Por esta razón diversos sectores llamaron al paro indefinido a partir del 8 de noviembre.
Dicho paro, según los pronunciamientos de la oposición busca derogar la Ley 1386, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que está vigente y es considerada por esos sectores como la norma originaria del proyecto depuesto.
