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Se estima que unas 6.000 personas fueron afectadas por las operaciones de exterminio llevadas a cabo por agentes estatales.

Se estima que unas 6.000 personas fueron afectadas por las operaciones de exterminio llevadas a cabo por agentes estatales. | Foto: EFE

Publicado 16 febrero 2021


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Al aceptar 219 casos de exterminio, Colombia está muy lejos de reconocer su responsabilidad real, según las víctimas.

El Estado colombiano reconoció de forma parcial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos contra miembros y seguidores del partido Unión Patriótica (UP) ocurridas a partir de 1984.

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Los jueces de la CorteIDH escucharon los alegatos finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los representantes de las víctimas y del Estado colombiano, con lo que terminó la audiencia por esta demanda por la persecución contra el izquierdista UP por al menos 20 años, que habría dejado, según los demandantes, unas 6.000 víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamiento, entre otros.

Sin embargo, Colombia reconoce responsabilidad solo en el caso de 219 personas que sufrieron la violación de sus Derechos Humanos. Estas son las únicas que quedaron debidamente establecidas, según el Estado colombiano.

"El Estado reitera que reconoce su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de persona jurídica, a la libre asociación, a la libertad personal, a la libertad de circulación, a los derechos políticos y a las garantías judiciales y protección judicial", declaró el agente estatal Camilo Gómez, quien es director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

 

 

El representante pidió, en nombre de Colombia, perdón a las víctimas, pero aclaró que el reconocimiento de responsabilidad "está limitado a las víctimas debidamente individualizadas", esto es, las 219 que reconoce.

La representante de la CIDH, Antonia Urrejola, por su parte, afirmó que están debidamente documentadas las violaciones a los derechos de las 6.000 víctimas que se incluyeron en la demanda. Detalló que en el caso están documentados 3.134 casos de privación al derecho a la vida de integrantes y militantes de la UP, 514 desapariciones, 501 amenazas y hostigamiento, 1.600 desplazamientos forzados, 291 tentativas de homicidio, así como casos de uso arbitrario del derecho penal y cientos de personas cuyo proyecto de vida les fue afectado gravemente.

"Hay una evidente responsabilidad del Estado por estos hechos que comenzaron a ocurrir hace más de 35 años y que aún están en la impunidad", aseveró Urrejola, quien subrayó que está claro el patrón de "exterminio de un proyecto político".

Tras la audiencia, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte emitirá un fallo en los próximos meses.

La creación de la Unión Patriótica fue el resultado del proceso de paz entre una facción guerrillera y el Gobierno de Belisario Betancourt. Antes incluso de su fundación formal, sus miembros y simpatizantes empezaron a ser asesinados, llegando al número de 6.000 los afectados. Ello dio al traste con el proceso de paz en ese momento.


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