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La violación de la niña indígena por efectivos del Ejército Nacional levantó una ola de indignación en Colombia.

La violación de la niña indígena por efectivos del Ejército Nacional levantó una ola de indignación en Colombia. | Foto: Reuters

Publicado 3 julio 2020



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Otros 31 militares han sido retirados por estar presuntamente implicados en casos de abuso sexual a menores.

El sargento Juan Carlos Díaz, quien denunció la violación por varios uniformados de una niña indígena en el departamento de Risaralda (centro de Colombia) el pasado 21 de junio, fue retirado del Ejército Nacional.

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La decisión fue hecha pública este viernes por el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, tras comunicar que retiraron de la institución a 31 militares a los que se investiga presuntamente por abuso sexual a menores.

El suboficial Díaz comandaba el grupo al que pertenecían los siete soldados que violaron a una niña de 12 años perteneciente al pueblo indígena Embera Chamí.

En una rueda de prensa, Zapateiro explicó que, pese a que el sargento los denunció, no cumplió con el deber de evitar que los hombres bajo su mando cometieran actos en contra de la ley.

Con anterioridad fueron retirados tres oficiales del Batallón de Artillería San Mateo, unidad que recibía apoyo del grupo al cual pertenecían los soldados involucrados.

Seis de estos militares permanecen encarcelados tras aceptar el cargo de violación, mientras otro oficial está detenido para responder por su complicidad en el delito.

Zapateiro reiteró que 118 miembros del Ejército Nacional han sido investigados desde 2016 por presuntos abusos sexuales a menores de edad y que 45 de ellos ya fueron retirados de las fuerzas.

Por su parte, la senadora Aída Avella, al frente del partido Unión Patriótica, al referirse al licenciamiento de Díaz señaló que "se deduce que (quienes estén enterados de los abusos) deben callar ante semejante delito para continuar" en el Ejército.

La abogada e indígena embera, Patricia Tobón Yagarí, manifestó que, además de otras razones, los uniformados ejercen violencia contra la mujer indígena porque se aprovechan de su rol de sujetos armados para imponerse, y hay permisividad de la fuerza pública, la Fiscalía y otras entidades competentes al no lograr la judicialización de los responsables en este y anteriores incidentes.

Esta semana se denunció, además, que dos soldados del Batallón de Infantería Joaquín París violaron en septiembre de 2019 a otra niña de 15 años de la tribu nómada nukak makú en el departamento del Guaviare (sureste).


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