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El nuevo gobierno boliviano ha impulsado la investigación de los actos de corrupción ocurridos tras el golpe de Estado de 2019.

El nuevo gobierno boliviano ha impulsado la investigación de los actos de corrupción ocurridos tras el golpe de Estado de 2019. | Foto: Twitter: Carlos Castillo

Publicado 25 mayo 2021



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Se trata de un hombre de confianza del exministro del Gobierno de facto, Arturo Murillo, acusado de corrupción.

Un colaborador cercano de Arturo Murillo, uno de los personeros más importantes del gobierno de facto de Bolivia encabezado por Jeanine Áñez entre 2019 y 2020, fue detenido esta semana en Estados Unidos en el contexto de una investigación por corrupción en en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad bolivianas.

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Se trata de Rodrigo Méndez, jefe de Gabinete de Murillo, acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de Estados Unidos y quien se encontraba asilado en el país norteamericano.

Su detención se produjo en el marco de una investigación por parte del FBI que intervino teléfonos, correos y mensajes desde noviembre de 2019 y que terminó con un proceso por lavado de dinero y sobornos en esa nación.

El informe del FBI devela una serie de sobornos y pagos que se hicieron en Estados Unidos y Bolivia por la compra de agentes químicos, en particular gases lacrimógenos, en diciembre del año 2019 a la empresa Cóndor por parte del Ministerio de Defensa por encargo del Ministerio de Gobierno.

En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento local) aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra cuatro autoridades.

Tres ministros y el presidente de la Aduana Nacional, además del extitular del ministerio de Economía, Óscar Ortiz, serán  juzgados por encubrir la comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

De acuerdo al informe habría acciones penales contra los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, "quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la ALP en el marco del proceso de investigación".

En esa oportunidad, en 2020, los entonces ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, negaron las irregularidades e incluso López mostró "documentos confidenciales" para desmentir tales denuncias.

En enero de 2021 el actual ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, denunció un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, adquisición de equipos de seguridad así como otros supuestos hechos de corrupción en la contratación de empresas proveedoras de insumos para la Policía durante las gestiones del gobierno de facto de Jeanine Áñez.


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