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El pueblo reclama que se le está dando prioridad a los barrios de clase alta en el restablecimiento dle servicio.

El pueblo reclama que se le está dando prioridad a los barrios de clase alta en el restablecimiento dle servicio. | Foto: Brasil de Fato

Publicado 18 noviembre 2020



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Hospitales al borde del colapso, alimentos en mal estado y déficit de salubridad se viven tras dos semanas de apagón.

El norteño estado brasileño de Amapá vive este miércoles su décimo quinto día consecutivo de inestabilidad eléctrica, que afecta principalmente a la región metropolitana de la capital, Macapá, incluyendo Santana y Mazagão, y algunos municipios del interior.

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La Compañía de Electricidad de Amapá (CEA) mantiene el sistema de rotación con una fecha límite del 26 de noviembre para la normalización de la energía eléctrica afectada por un incendio en una subestación que dejó sin luz a 14 de los 16 distritos de la región.

Especialmente en la periferia, la población se queja de pérdidas financieras como equipos electrónicos quemados e incluso casas incendiadas.

Residentes del estado reclaman que el racionamiento propuesto por la CEA no cumple el calendario estipulado, pues la energía permanece por cortos períodos de tiempo y tarda en volver una vez retirada nuevamente.

En las últimas dos semanas, los residentes realizaron varias protestas en la ciudad, dos de ellas frente al Palacio Norte, sede del gobierno estadual.

Daniel Lima, uno de los organizadores del Movimiento SOS Amapá, señaló que la población está exhausta y preocupada por los muchos daños que sufren a causa del apagón.

Casi el 90 por ciento de la población de Amapá, el equivalente a 765.000 personas, se quedó sin electricidad el 3 de noviembre. Por esa falta aparecieron problemas en el suministro de agua potable y telecomunicaciones, así como colas en las gasolineras y pérdidas en el comercio.

Por su parte, los sindicatos del estado pidieron al Gobierno mayor vigor contra la empresa española Isolux, responsable por la terminal eléctrica privatizada en 2016, por no haber cumplido los planes de inversión que garantizaran la estabilidad del servicio.


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