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El Gobierno de facto de Bolivia emitió regulaciones adicionales al ejercicio informativo, las cuales hizo públicas durante el Día del Periodista en Bolivia.
El expresidente boliviano Evo Morales denunció que el Ejecutivo liderado por la autotitulada presidenta Jeanine Áñez impuso nuevos límites a la libertad de expresión, justificándose en la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.
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A través de su cuenta en la red social Twitter, Morales manifestó que el Gobierno de facto profundiza aún más las violaciones a los derechos humanos, al disponer que la difusión de informes que las autoridades consideren no ajustadas a la verdad, reciban tratamiento penal.
La denuncia de Evo hace referencia al decreto supremo número 4231, emitido el pasado 7 de mayo por el Ejecutivo de facto, el cual se hizo público este domingo, cuando se celebraba el Día del Periodista boliviano.
La norma prevé una modificación a otros dos decretos anteriores. “Las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán posibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, afirma el decreto.
El gobierno de facto de #Bolivia cada día llega más lejos en la violación de Derechos Humanos. Ahora, aprobó un decreto que amplía las restricciones y agrava las sanciones contra la libertad de expresión e información "escrita, impresa y artística" como delitos penales.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 11, 2020
La Constitución Política del Estado boliviano (CPE) prevé que los emisores de contenido difundido a través de los medios de comunicación están obligados a ajustarse a los principios de veracidad y responsabilidad, conforme a su artículo 103.
Este precepto dispone, además, que los órganos de autorregulación de los periodistas y los jurados de imprenta son los encargados de la regulación de lo que se difunde en los medios, función ahora asumida por el Gobierno de facto a partir del nuevo decreto.
