La detención fue autorizada por el magistrado de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
El primer funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) quien estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa, Gualberto Ramírez Gutiérrez, recibió una segunda orden de captura en su contra, esta vez por estar acusado de torturar a Felipe Rodríguez Salgado, uno de los supuestos implicados en el proceso en cuestión.
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Ramírez es uno de los imputados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, proceso en el que la mayor responsabilidad recaería sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Medios locales develaron que al igual que contra Zerón de Lucio (desde hace dos años), contra Ramírez Gutiérrez se emite una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.
⚠️OJO
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 4, 2022
EMITEN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL EXFUNCIONARIO DEL CASO AYOTZINAPA
Un Juez federal emitió una orden de aprehensión en contra del extitular de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez, por tortura en caso Ayotzinapa. pic.twitter.com/2gxjpHHoxH
La detención fue autorizada por el magistrado de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
El exfuncionario se desempeñaba como jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR mientras presenció el interrogatorio llevado a cabo por Zerón de Lucio, donde se habría torturado a alias El Cepillo, supuestamente para que confesara su responsabilidad en los hechos.
El vídeo del interrogatorio vio la luz pública en julio de 2020 y en esta cinta se ve Zerón de Lucio amenazando a Rodríguez Salgado mientras este se encontraba esposado a una silla con la cabeza cubierta y casi sin poder hablar.
Cabe mencionar que el entonces primer funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene una orden de captura en su contra, firmada a inicios del 2022, la cual no tiene que ver con el caso Ayotzinapa.