La reunión aconteció en el contexto de la octava jornada de huelgas y manifestaciones en contra de la reforma.
Las dos cámaras del Parlamento de Francia votarán mañana jueves el proyecto de reforma de las pensiones, luego de que una comisión mixta integrada por representantes de la Asamblea y el Senado acordara este miércoles un texto legislativo común.
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La comisión reunida a puerta cerrada validó los veinte artículos del texto por diez votos a favor, de legisladores macronistas y conservadores, así como 4 en contra, de la izquierda y la ultraderecha.
La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, afirmó que el acuerdo "para conservar nuestro sistema de jubilación" demuestra que es posible "construir juntos soluciones para el país".
Après l’examen par chaque assemblée, 7 députés et 7 sénateurs de diverses sensibilités se sont accordés et proposent un texte commun pour préserver notre système de retraites.
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 15, 2023
Par ce compromis, ils répondent à la demande des Français de bâtir ensemble des solutions pour le pays.
El proyecto de legislación aumentaría la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, lo que se haría, de forma progresiva, para el 2030. También adelanta, para el 2027, el aumento de 42 a 43 años el período de cotización para lograr una pensión completa, algo ya legislado para el 2035.
La reunión paritaria de igual número de diputados y senadores aconteció en el contexto de la octava jornada de huelgas y manifestaciones en Francia contra la reforma.
Antes del inicio de una nueva marcha este miércoles en París (capital) contra el proyecto, las Confederaciones General del Trabajo (CGT) y Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) advirtieron al Gobierno de las consecuencias de utilizar el artículo 49.3 de la Constitución para imponer la legislación.
Los secretarios generales de la CGT, Philippe Martinez, y de la CFDT, Laurente Berger, instaron al Ejecutivo a tomar en cuenta el reclamo de la mayoría de los franceses opuestos al aumento de la edad para el retiro.
Los dirigentes aseguraron que activar el artículo 49.3, recurso que permite adoptar iniciativas sin el voto parlamentario, aumentará el malestar de los detractores del texto; pues, aunque resulta constitucional, muchos lo catalogan como una maniobra antidemocrática.