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Durante el proceso preliminar, la Fiscalía recabará información para conocer en detalle las muertes ocurridas en medio de la represión a las marchas.

Durante el proceso preliminar, la Fiscalía recabará información para conocer en detalle las muertes ocurridas en medio de la represión a las marchas. | Foto: EFE

Publicado 7 enero 2023



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Las diligencias incluyen a varios funcionarios del actual Gobierno por su responsabilidad en la represión a las marchas pacíficas de diciembre pasado.

La Fiscal General de Perú, Patricia Benavides ordenó el viernes iniciar el procedimiento preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y varios funcionarios de su Gobierno por las muertes de al menos 28 personas a causa de la represión del Ejército y la Policía Nacional, durante las marchas de diciembre de 2022.

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Según la Fiscalía, las diligencias incluyen a quien era durante las protestas de diciembre ministro de Defensa, Alberto Otárola, actual primer ministro, y del Interior, César Cervantes.

También está comprendido el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, durante el Estado de Emergencia en todo el país.

Las diligencias nacen a partir de la denuncia presentada por los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba ante la fiscalía de derechos humanos, interculturalidad y terrorismo de la región de Ayacucho.

La denuncia también vincula a los mandos policiales, entre ellos el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general PNP Antero Mejía Escajadillp, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, general EP Jesús Vera Ipenza, entre otros.

Al conocer del procedimiento en su contra, la presidenta Boluarte, saludó la decisión de la fiscal general “para el pronto esclarecimiento de los hechos”.

Boluarte señaló con anterioridad que las muertes a causa de la represión no deben quedar impunes, sin embargo rechazó su supuesta responsabilidad, acusando a grupos extremistas de promover la violencia durante las manifestaciones.

Durante el proceso preliminar, el Ministerio Público recabará información de los organismos estatales para conocer en detalle los hechos ocurridos en medio de la represión a las marchas en las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y otras zonas del país, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

Las fuentes de la Fiscalía no descartan que se llame a declarar a los jefes militares y policiales que estuvieron al mando en las zonas donde ocurrieron las muertes violentas.

La indagación preliminar puede durar hasta un máximo de 60 días. De acuerdo con la información recabada la fiscal Benavides dispondrá el inicio de investigación preliminar o preparatoria contra la presidenta Dina Boluarte o alguno de los ministros involucrados.


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