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La exsenadora colombiana presentó su segundo informe sobre persecución política ante el representante de la Comisión de Esclarecimiento, padre Francisco De Roux

La exsenadora colombiana presentó su segundo informe sobre persecución política ante el representante de la Comisión de Esclarecimiento, padre Francisco De Roux | Foto: EFE

Publicado 2 diciembre 2021



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La activista social presentará las graves violaciones contra los derechos humanos contra los opositores.

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba presentó este jueves ante la justicia transicional su segundo informe sobre la persecución política a los líderes de la oposición colombiana por parte de los Gobiernos de turno en el país.

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“Me reivindico como partícipe de la oposición política histórica al régimen. Primero en la lucha desde las bases populares del Partido Liberal por el desmonte del Frente Nacional y la apertura democrática que se plasmó en el proceso constituyente de 1991, pero que quedó tempranamente frustrado”, explicó en el informe la exaspirante a la Presidencia colombiana.

En este sentido, la también activista social propuso a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para que se garanticen los derechos de los opositores y activistas de los derechos humanos.

 

Córdoba dijo que hacer oposición política en su país es una actividad de alto riesgo, pues sectores del mismo Estado persiguen, estigmatizan, amenazan, atenta y asesinan a dirigentes contrarios al oficialismo.

Además, precisó que la comisión de la verdad logra una labor fundamental para la reparación y fomenta la construcción de un sistema sano, por lo cual solicitó la apertura de los archivos de inteligencia para determinar los crímenes cometidos por el Estado.

Córdoba comentó que la persecución no ha sido solo contra ella, sino contra su familia y otros líderes y organizaciones sociales, partidos que han sido exterminados.

La líder colombiana mostrará las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En especial, se referirá a aquellas que tengan patrones o tengan un carácter masivo, durante el conflicto armado.

A su vez, señalará las responsabilidades colectivas del Estado, Gobierno, los poderes públicos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los paramilitares y otros.

El sistema político ha impulsado una estructura en contra de la oposición política durante años, tal y como evidencia uno de los puntos del informe. “En Colombia, la política se circunscribió a la formalidad electoral e institucional, desconociendo otras formas de participación ciudadana”, reza el texto.

La Comisión fue instaurada tras el Acuerdo de Paz de 2016, donde se comprendió que el cese del conflicto debe construirse sobre la reparación integral de las víctimas como parte de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.


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