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Los campesinos rechazan que sean incluidos en la Corte Constitucional magistrados que están asociados a actos de corrupción.

Los campesinos rechazan que sean incluidos en la Corte Constitucional magistrados que están asociados a actos de corrupción. | Foto: Twitter: ASP Guatemala

Publicado 9 marzo 2021



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La elección de nuevos magistrados de la Corte Constitucional está en cuestión por falta de idoneidad de los nominados.

El rechazo de colectivos sociales guatemaltecos a la elección de nuevos miembros de la Corte Constitucional vive una nueva jornada de movilización con los anuncios de este martes de la Asamblea Social y Popular (ASP) y el Comité de Unidad Campesina (CUC).

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Ambas organizaciones lideran la convocatoria, junto a otros movimientos, quienes dieron a conocer que realizarán manifestaciones pacíficas desde este martes hasta el jueves frente a las sedes de la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso y Casa Presidencial.

Los organizadores consideran que los candidatos no son idóneos para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país y, en ese sentido, se han planeado interponer dos amparos en la propia CC.

Angelina Aspuac, representante del Movimiento Nacional de Tejedoras, señaló que plantearán las acciones, "en contra del Congreso por la elección de magistrados no honorables, y el segundo es contra el antejuicio promovido en contra de Gloria Porras y Francisco de Mata Vela".

Los convocantes de estos movimientos han reiterado que en esta ocasión no se bloquearán carreteras y que sus manifestaciones se desarrollarán de forma pacífica durante 12 horas a partir de las 06H00, en unas marchas a las cuales está previsto se unan estudiantes, comunidades indígenas, sindicatos y grupos de mujeres.

El presidente Alejandro Giammattei, convocó al Consejo de Ministros para el miércoles próximo, a fin de participar en la sesión en donde designarán a un magistrado titular y a uno suplente de la CC para el periodo 2021-2026, según lo establece la Constitución guatemalteca, en la cual se expresa que los 10 magistrados de la máxima entidad de justicia (cinco titulares y cinco suplentes) son elegidos por varias instituciones.

Los campesinos rechazan, en particular, la elección del diputado Luis Rosales como magistrado suplente ya que lo vinculan con el genocidio ocurrido en el país durante la lucha contrainsurgente, porque fue asesor del general golpista José Efraín Ríos Montt, durante el juicio que se le siguió por crímenes de lesa humanidad.


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