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Se insistió en establecer “un compromiso de observancia de las normas y estándares internacionales de derechos humanos".

Se insistió en establecer “un compromiso de observancia de las normas y estándares internacionales de derechos humanos". | Foto: @AsambleaEcuador

Publicado 17 noviembre 2021



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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral  propone que se emita un censo penitenciario que posibilite contar con estadísticas.

La Asamblea Nacional de Ecuador inició este miércoles el debate sobre la crisis del sistema penitenciario nacional, tras un informe elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral sobre el papel del Estado ante los hechos ocurridos recientemente en las cárceles.  

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En el Informe emiten diversas consideraciones entre ellas que el Estado adopte “medidas concretas de reparación integral de carácter general que permitan evitar que se repitan los graves hechos de violencia intracarcelaria”.

A partir de las 52 conclusiones y 76 recomendaciones, también se insistió en establecer “un compromiso de observancia de las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

 

El pleno recibió en comisión general a la coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrovo, la cual enfatizó en la falta de políticas de rehabilitación social en los centros penitenciarios.

Al catalogar como “alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país”, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori refirió que se debe “fortalecer el trabajo de las instituciones, trabajar en un verdadero proceso de rehabilitación social, tramitar indultos a las personas con enfermedades catastróficas o grupos de atención prioritaria, siempre respetando la independencia de funciones y los Derechos Humanos”.

Medios locales reiteran que la falta de directivos, recortes presupuestales para la rehabilitación social y la implementación de otras políticas públicas en este sentido y el hacinamiento son elementos que han propiciado las masacres en las cárceles.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, propone que se emita un censo penitenciario que posibilite contar con estadísticas, identificar los datos generales de las personas privadas de libertad, la condición socioeconómica, grado de peligrosidad y régimen penitenciario.

La Comisión de la Asamblea solicita a la Contraloría de Ecuador realizar exámenes a los procesos de contratación que realizó el exministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, durante las declaratorias de estado de emergencia.

Plataformas informativas corroboran que 318 personas privadas de la libertad han fallecido desde febrero de este año producto de los enfrentamientos entre diversas las bandas que operan en dichos centros.


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