¿Hay justicia para las víctimas de la dictadura en Chile?

Han sido días difíciles para los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en Chile. Más que días, meses, más que meses años. La justicia en ese país es esquiva, aseguran los sobrevivientes de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Y con la llegada de Piñera, por segunda vez al poder, el escenario parece no cambiar.

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Indulto a criminales de lesa humanidad

Entre el lunes 30 y el martes 31 de julio, la Corte Suprema concedió la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los derechos humanos.

Solo este 2018, 17 reos en esta condición, presos en la cárcel de Punta Peuco, para criminales de lesa humanidad, solicitaron esta medida. De ellos, siete recibieron el beneficio de la corte pese a estar directamente involucrados en las torturas, desapariciones y asesinatos de varios hombres afines o militantes de partidos y movimientos políticos de izquierda.

Como una angustia adicional, se suma el hecho de que ninguno de los indultados da señales de arrepentimiento, según indicó el análisis psicológico y de conducta de los liberados, dado a conocer por Gendarmería. Informe que fue elaborado en abril, y revisado por el tribunal en ese entonces. Pese a esto, los jueces decidieron otorgarles el indulto a seis exmilitares y un expolicía.

Represión contra familiares de víctimas

"La corte suprema chilena no solo se hace cómplice de la impunidad, sino que lo que está haciendo hoy día es incumplir tratados internacionales", afirmó la diputada comunista y presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, durante una reciente movilización en rechazo al fallo.

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Las protestas han sido constantes. Este lunes 6 de agosto, dirigentes de las juventudes comunistas, socialistas y demócrata-cristianas, se encadenaron a las afueras del Palacio de Justicia.

"Este fallo de la Corte Suprema se enmarca en los favores que debe el Gobierno a la mal llamada 'familia militar', cuyo precio pagan los familiares de las víctimas y quienes queremos construir Chile desde la justicia", dijo el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez.

Sánchez fue detenido por las Fuerzas Especiales de Carabineros, al igual que otros participantes de la acción. Durante la convocatoria, la policía reprimió no solo a los jóvenes encadenados, sino a familiares de las víctimas de los crímenes, quienes se encontraban en el lugar; entre ellos, madres y esposas de detenidos y asesinados, según denunciaron organizaciones de izquierda.

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La posible libertad de uno de los mayores criminales

Miguel Krassnoff es el tercer nombre de mayor peso vinculado a la violación de los derechos humanos en Chile, antecedido por Manuel Contreras (fallecido en 2015) y Augusto Pinochet (fallecido en 2006). 

El exbrigadier Krassnoff aparece vinculado en 91 causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Recientemente se estableció su responsabilidad en el asesinato y desaparición de tres personas a través de los llamados "vuelos de la muerte", práctica que consistía en arrojar al mar desde un helicóptero a detenidos aún con vida, luego de ser torturados. 

Otro de los crímenes cometidos por el militar fue homicidio calificado del líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez. O el de Diana Arón, también militante del MIR, a quien Krassnoff torturó y asesinó pese a que la joven tenía siete meses de embarazo. 

Participó además del asalto a la casa presidencial de Salvador Allende en Tomás Moro, el día del golpe de Estado, 11 de septiembre de 1973. 

Sumando todas las condenas por las que se encuentra preso en Punta Peuco, este miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Pinochet, sobrepasa los 400 años de privación de libertad.

Pese a esto, y como ha sido la tónica generalizada de los militares y civiles detenidos por crímenes de lesa humanidad, jamás Krassnoff ha dado muestras de arrepentimiento; por el contrario, en varias oportunidades ha manifestado su orgullo por haber sido parte fundamental del "combate al marxismo".

El abogado de los internos de la cárcel de Punta Peuco -y por ende defensor de Miguel Krassnoff- Raúl Meza, anunció la semana pasada que presentará un recurso de amparo para pedir la libertad de su cliente y sumarlo a los siete exuniformados que lograron el beneficio bajo su trabajo.

Aunque este lunes, Meza comunicó que suspendería por el momento la solicitud a la Corte Suprema, aclaró que seguirá recurriendo a instancias judiciales para liberar a sus representados, entre ellos el exbrigadier. 

"Darle la libertad a Miguel Krassnoff, condenado por los crímenes más graves que puede cometer un ser humano, me parece que es un atentado al corazón de la democracia, como ya lo han sido estas liberaciones de siete reos", dijo el diputado Tucapel Jiménez, hijo del dirigente social del mismo nombre, asesinado por agentes de la dictadura en 1982.

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Acusación Constitucional

A raíz de los genocidas recientemente beneficiados con la libertad condicional y en consideración de los próximos que pudieran sucederse, entre ellos Krassnoff, un grupo de diputados señaló que se está estudiando una posible acusación constitucional contra los jueces que permitieron la medida.

Chile es un país que en materia de derechos humanos continúa generando episodios, pese a ser un Estado que dejó la dictadura hace 28 años: Hasta el día de hoy, la nación se rige bajo la Constitución de 1980, creada por Augusto Pinochet.

El dictador fue, además, senador de la República desde 1998 hasta 2002, iniciando su período ocho años después del término de la dictadura. De hecho, su rol de legislador se vio interrumpido por su detención en Londres, cargo que retomó y ejerció por dos años más, una vez que regresó al país tras ser liberado por la justicia inglesa luego que su defensa aludiera a que no se encontraba en condiciones de salud física ni mentales para ser juzgado.

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Recientemente, en abril de este año, el Gobierno de Piñera retiró el proyecto ingresado por la expresidenta Michelle Bachelet, con el que se buscaba indemnizar a las víctimas reconocidas de la dictadura, y que ya había sido aprobado por la comisión de Derechos Humanos del hemiciclo.

La noticia se supo entre los legisladores en plena sesión de la cámara baja, situación que generó un comentario por micrófono del diputado del partido derechista Unión Demócrata Independiente, Ignacio Urrutia: "¡Excelente noticia! (...) no la es la primera vez que se entregan estos 'regalitos' a gente que más que exiliados fueron terroristas. Así que en buena hora el Gobierno retiró este aguinaldo que se le quería entregar nuevamente a esta gente".