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El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), acompañaron a familiares de detenidos.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), acompañaron a familiares de detenidos. | Foto: EFE

Publicado 5 octubre 2023



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De todos los detenidos documentados, solo uno fue indultado por problemas de salud, mientras de los demás no se ha recibido respuesta por parte del Gobierno de Bukele.

Un grupo de familiares de detenidos arbitrariamente durante el régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele para combatir el crimen en el Salvador solicitaron este miércoles alrededor de 50 hábeas corpus a la Corte Suprema de Justicia tras el desdén de otras instancias judiciales y de Derechos Humanos.

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El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), acompañaron a familiares de detenidos y denunciaron la falta de atención de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras.

Según Ivania Cruz, representante de COFAPPES, con los documentos presentados en esta jornada se llega a un total de 250 recursos que se han registrado entre ambas organizaciones. MOVIR, por su parte, realizó alianzas con organizaciones como Tutela Legal, en las que ha recopilado al menos 500 solicitudes.

De todos los detenidos documentados, solo uno fue indultado por problemas de salud, mientras de los demás no se ha recibido respuesta, a lo que el gobierno aduce que todavía no se ha comprobado un arraigo.

En un mensaje divulgado en redes sociales, Ivania instó a que los magistrados a evaluar y valorar la situación individual de cada persona, según los arraigos que se anexan y se presentan, pues muchos de ellos solo provienen de  familias de muy escasos recursos, habitantes de barros como La Unión, Sonsonate y Usulután.

La representante explicó que la mayoría de los casos están relacionados a la criminalización de la pobreza. “Esto porque no existe un tipo de formalismo cuando las personas están presentando estos documentos por sus propios medios, nunca con ayuda de un apoderado sino como un recurso que cualquier ciudadano puede hacer”, destacó.

 “Muchos solamente vienen con el pasaje, precisamente a la presentación de los documentos, vienen señoras adultas mayores que se han encargado de sus nietos porque la madre, el padre o ambos están detenidos y ellos quedan en situación de abandono”, apuntó Cruz.


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