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La marcha pacífica está prevista para comenzar a las 16H00 en Lima (capital).

La marcha pacífica está prevista para comenzar a las 16H00 en Lima (capital). | Foto: Prensa Latina

Publicado 5 abril 2023



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Manifestantes exigirán el cierre del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una constituyente.

A 31 años del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori, organizaciones sociales y políticas de Perú convocaron a una marcha nacional este miércoles contra el régimen de la mandataria de facto Dina Boluarte, la cual se realizará bajo el lema “Fujimori y Dina, dictaduras asesinas”.

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La fecha de esta convocatoria se escogió para recordar el autogolpe perpetrado el 5 de abril de 1992 por Fujimori, hoy en prisión, señalado por su responsabilidad en numerosos crímenes durante su gestión (1990-2000),.

Además de subrayar que más de 60 personas han muerto a consecuencia de la represión durante las protestas contra el régimen de Boluarte, durante la movilización pacífica -prevista para iniciar a las 16H00 hora local desde la Plaza de Marte, en Lima (capital)- se exigirá el adelanto de elecciones.

La marcha demandará el fin del actual Gobierno. También el cierre del Congreso, cuya gestión es desaprobada por nueve de cada diez ciudadanos y que horas atrás rechazó discutir una moción de vacancia contra Boluarte interpuesta por bancadas de izquierda.

Según una encuesta publicada a finales de marzo por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 78 por ciento de los peruanos desaprueba la gestión de Boluarte y el 91 por ciento la del Congreso.

Asimismo, durante la marcha nacional se reclamará la convocatoria a una asamblea constituyente, que le brinde al país una Carta Magna enfocada en los derechos de las mayorías, a diferencia de la actual, vigente desde 1993, de corte neoliberal y benefactora de la oligarquía.

El régimen de Boluarte enfrenta masivas movilizaciones populares desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso vacó al expresidente electo en las urnas Pedro Castillo.

El 1ro de abril, familiares de las víctimas de la represión reunidos en Juliaca, departamento de Puno (sur), denunciaron que no ha sido llevado a juicio ni un solo responsable intelectual o material de estas muertes.

El 5 de abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso y el Tribunal Constitucional, con lo cual asumió la dirección de los tres poderes y echó por tierra garantías constitucionales y derechos fundamentales.

 

Entre las violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen dictatorial se pueden mencionar los casos de Barrios Altos y La Cantuta, cuando militares asesinaron a 15 personas y concretaron la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de otras diez, respectivamente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado peruano responsable de estas muertes y de incumplir el deber de investigarlas y sancionar a sus responsables.

No menos lesiva resultó la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas. De acuerdo con los datos del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre 1996 y 2000 se esterilizaron más de 270.000 peruanas, en su mayoría mujeres indígenas o de bajos recursos, que no fueron consultadas.


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