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La Constitución Bolivariana fortalece el proceso de descentralización político-administrativa iniciada en 1989.

La Constitución Bolivariana fortalece el proceso de descentralización político-administrativa iniciada en 1989. | Foto: PSUV

Publicado 15 diciembre 2020



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El 15 de diciembre de cada año se decreta como el Día del Poder Popular Constituyente en homenaje a la Constitución Bolivariana.

Los venezolanos aprobaron hace 21 años, con 71.78 por ciento de los votos, el proyecto de Constitución, con el que el entonces presidente Hugo Chávez (1998-2013) refundó la república de 23 millones de habitantes e inició un periodo de una verdadera democracia con justicia social.

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El sentimiento de victoria popular tuvo una nueva expresión el 15 de diciembre de 1999, cuando se cumplió el mandato del pueblo venezolano al aprobar uno de los instrumentos jurídicos que en materia de derechos humanos, participación popular y democracia participativa es vanguardia mundial: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El pueblo elector y soberano decidió poner fin a la llamada democracia representativa, con su marco jurídico excluyente, que fue la impronta de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo.

La nueva Constitución bolivariana

Desde un punto de vista normativo, escribe Ricardo Jiménez en un artículo del Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza, que la Constitución bolivariana es un documento fundante.

En este sentido su discurso democrático es tan avanzado que es la expresión de lo mejor de ocho mil años de civilización humana, incorporando muchos de los nuevos aportes, en los ámbitos ético religiosos, étnicos, de género, ecológicos, de identidades sexuales no tradicionales y muchos otros, indicó.

La Constitución Bolivariana fortalece, desde el punto de vista jurídico, el proceso de descentralización político-administrativa iniciada en 1989, con la elección directa de gobernadores y alcaldes, destaca Nino Gianforchetta en un texto publicado por Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).

El analista destaca que "la Constitución de 1999, en su propio preámbulo, asume como uno de sus mayores propósitos el de establecer “una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural"

"En un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integralidad territorial, la convivencia y el imperio de la Ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social, y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna”, puntualiza 

Derechos Humanos

También la Constitución de 1999 profundiza la temática de los derechos humanos como aspecto inherente a la propia democracia, indica Gianforchetta. 

"De su texto se infiere que los objetivos de la gestión pública deberán reflejar avances graduales y sistemáticos hacia situaciones que supongan la posibilidad de la población de ejercer los derechos humanos, económicos, sociales, políticos, bajo los principios de la universalidad y la equidad", menciona.

La Constitución de 1999 destaca la autonomía e independencia de los PoderesPúblicos como componente esencial de la democracia, indispensable para fortalecer el estado de derecho y favorecer la garantía de los derechos humanos", destaca el análisis de Gianforchetta.

"El tipo de democracia al que apunta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela podría inscribirse en el enfoque deliberativo que incluye, entre otras condiciones, la celebración de elecciones competitivas, libres y justas", sostuvo.

"Además, la promoción del pluralismo político y del diálogo como forma de dirimir conflictos, la separación e independencia de los poderes públicos, la sujeción del gobierno -y de todos los actores de la sociedad- al Estado de Derecho, la garantía de las libertades y derechos humanos constitucionalmente establecidos y la participación social amplia y autónoma", puntualiza. 

Desde los inicios de su campaña presidencial en 1998, Hugo Chávez ofreció refundar la República sobre la necesidad de sustituir un ordenamiento jurídico que para el momento estaba alejado de la realidad del país; para Chávez el pueblo de Venezuela necesitaba edificar una sociedad más justa, con igualdad y respeto a los derechos humanos.

El primer paso fue dado por Chávez el 2 de febrero de 1999, en su toma de posesión del cargo, cuando expresó:

"Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro".

Ese mismo día, Chávez firma el decreto número 3, con fecha 02-02-1999, para realizar un referendo consultivo al pueblo venezolano, sobre la base de "la imperiosa necesidad histórica de elegir una Asamblea Constituyente para que esta redacte y apruebe una nueva Ley Constitucional que haga posible una democracia verdaderamente representativa y efectivamente responsable y alternativa".


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