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Según medios locales, la Fiscalía departamental fue la primera instalación pública incendiada por los opositores.

Según medios locales, la Fiscalía departamental fue la primera instalación pública incendiada por los opositores. | Foto: Unitel

Publicado 29 diciembre 2022



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Los ataques ocurren cuando Camacho aguarda la audiencia cautelar para definir si se defenderá en libertad o en prisión.

Seis edificios públicos y la residencia del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, fueron incendiados este miércoles por grupos golpistas en la ciudad boliviana de Santa Cruz tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado I.

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De acuerdo con medios locales, los agresores prendieron fuego a la Fiscalía departamental y la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria.

Por su parte, el titular de Obras Pública denunció públicamente que “la Unión Juvenil Cruceñista y personas afines a Camacho quemaron mi domicilio en Santa Cruz, atentando contra la integridad y seguridad de mi familia”.

En este sentido, fue incendiado el muro y la puerta de la vivienda mientras también saquearon el domicilio y agredieron a los vecinos que intentaron controlar las llamas en lo que constituye la segunda agresión a su residencia luego de la reportada en 2019.

De igual forma, se registraron ataques contra las oficinas del Servicio de Registro Cívico (Sereci) y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Asimismo, fueron lanzados petardos hacia el Palacio de Justicia.

A su vez, la Fiscalía Departamental de Cochabamba fue incendiada, entretanto, fueron arrestados tres mujeres y dos hombres durante las protestas que tuvieron lugar en las inmediaciones en el momento del ataque.

En consonancia, la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales Romero, precisó que “estas personas fueron llevadas a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, se ha iniciado la investigación por destrozo y deterioro de bienes del Estado e instigación pública a delinquir y se está procesando el caso”.

Mientras tanto, el gobernador santacruceño se encuentra detenido en espera de la audiencia cautelar en la que se definirá si ejecuta su defensa en libertad o en prisión tras ser imputado por los hechos de violencia en 2019 que dejaron más de treinta víctimas mortales.


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